Comunicado conjunto de apoyo a los vecinos del número 113 de la avenida de Barcelona
Imatge
Los grupos municipales del PSC, SQP, ERC, ICV-EUiA, PP y CiU han suscrito un comunicado conjunto de apoyo a los vecinos del bloque de la avenida de Barcelona 113 de Sant Joan Despí ante el riesgo de ser expulsados de sus viviendas y de la ciudad por el aumento "drástico y desmesurado" del alquiler que plantea la propiedad. Los grupos también reclaman medidas para poner fin a la especulación en el precio del alquiler de los pisos y un impulso del parque público de vivienda.
En el año 2013, ante la problemática derivada de un bloque de pisos vacío, la propiedad del edificio del número 113 de la avenida de Barcelona decidió alquilar las viviendas a precios similares a los del barrio de Les Planes con contratos de 5 años. Las familias arrendatarias de este bloque son familias populares, arraigadas en el territorio. De las 400 personas que viven, muchas son jóvenes y con hijos que han nacido mientras vivían allí. Hay 30 niños y niñas escolarizados en la ciudad y hay inquilinos que están en situación de paro, pensionistas, que cobran el salario mínimo interprofesional o poco más.
Ahora, cuando se tienen que renovar los contratos, la nueva propiedad ha decidido aplicar aumentos de entre el 40 y el 100% que las familias no pueden asumir y que pueden implicar la expulsión, no sólo del bloque sino de la ciudad, de 121 familias.
Ante esta situación, los grupos municipales del PSC, SQP, ERC, ICV-EUiA, PP y CiU -que suman 18 de los 21 concejales del Pleno- han suscrito un comunicado conjunto en el que manifiestan su "apoyo y respaldo a las familias afectadas frente a la situación crítica en que se encuentran y en su lucha por una solución global de un precio justo (con un aumento razonable) para sus viviendas". También se comprometen a "apoyar la mediación para llegar a acuerdos y, en caso de que no lo haya, a acompañar a las familias en las decisiones que decidan emprender".
Los grupos firmantes alertan de que "es urgente poner freno a este tipo de actuaciones sin control por parte de las grandes empresas inmobiliarias y especuladores". En este sentido reclaman políticas públicas de vivienda que promuevan un parque público de alquiler asequible y legislación que regule los alquileres.
"La vivienda es un derecho que hay que defender dentro y fuera de las instituciones. No podemos convertir el alquiler en un lujo e incrementar la vulnerabilidad de la población. La vivienda es un bien de primera necesidad y su función social debe ser preservada por las instituciones públicas por encima de cualquier otra consideración", sentencian los grupos municipales del PSC, SQP, ERC, ICV-EUiA, PP y CiU en su comunicado.
En el año 2013, ante la problemática derivada de un bloque de pisos vacío, la propiedad del edificio del número 113 de la avenida de Barcelona decidió alquilar las viviendas a precios similares a los del barrio de Les Planes con contratos de 5 años. Las familias arrendatarias de este bloque son familias populares, arraigadas en el territorio. De las 400 personas que viven, muchas son jóvenes y con hijos que han nacido mientras vivían allí. Hay 30 niños y niñas escolarizados en la ciudad y hay inquilinos que están en situación de paro, pensionistas, que cobran el salario mínimo interprofesional o poco más.
Ahora, cuando se tienen que renovar los contratos, la nueva propiedad ha decidido aplicar aumentos de entre el 40 y el 100% que las familias no pueden asumir y que pueden implicar la expulsión, no sólo del bloque sino de la ciudad, de 121 familias.
Ante esta situación, los grupos municipales del PSC, SQP, ERC, ICV-EUiA, PP y CiU -que suman 18 de los 21 concejales del Pleno- han suscrito un comunicado conjunto en el que manifiestan su "apoyo y respaldo a las familias afectadas frente a la situación crítica en que se encuentran y en su lucha por una solución global de un precio justo (con un aumento razonable) para sus viviendas". También se comprometen a "apoyar la mediación para llegar a acuerdos y, en caso de que no lo haya, a acompañar a las familias en las decisiones que decidan emprender".
Los grupos firmantes alertan de que "es urgente poner freno a este tipo de actuaciones sin control por parte de las grandes empresas inmobiliarias y especuladores". En este sentido reclaman políticas públicas de vivienda que promuevan un parque público de alquiler asequible y legislación que regule los alquileres.
"La vivienda es un derecho que hay que defender dentro y fuera de las instituciones. No podemos convertir el alquiler en un lujo e incrementar la vulnerabilidad de la población. La vivienda es un bien de primera necesidad y su función social debe ser preservada por las instituciones públicas por encima de cualquier otra consideración", sentencian los grupos municipales del PSC, SQP, ERC, ICV-EUiA, PP y CiU en su comunicado.